Cristina Fernández de Kirchner, ex Presidenta de la Nación, ha comenzado a cumplir su condena en arresto domiciliario, tras la confirmación de la misma por parte de la Corte Suprema de Justicia en el marco de la Causa Vialidad. El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó este beneficio, permitiéndole permanecer en su departamento ubicado en la calle San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat. La decisión judicial establece que deberá utilizar una tobillera electrónica para el control de su cumplimiento. Máximo Kirchner, hijo de la ex mandataria, actuará como garante de su arresto domiciliario.
La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. Se han planteado serias dudas sobre la imparcialidad judicial, mencionándose vínculos entre jueces y actores opositores. Además, se han elevado acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática) y se ha cuestionado la ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
El tribunal justificó la decisión considerando la edad de la ex Presidenta, que supera los setenta años, argumentando que su permanencia en prisión podría dificultar la protección efectiva de sus derechos fundamentales. La resolución judicial establece además tres reglas de conducta que deberá cumplir estrictamente para evitar la revocación del beneficio del arresto domiciliario:
Las tres condiciones impuestas a CFK
- Permanecer en su domicilio: Solo podrá ausentarse por causas de fuerza mayor debidamente justificadas, o con autorización previa del tribunal.
- Mantener la tranquilidad del vecindario: Se espera que evite comportamientos que alteren la convivencia pacífica en el barrio de Constitución.
- Visitas restringidas: El círculo de personas autorizadas a visitarla estará limitado y sujeto a aprobación judicial.
La implementación del arresto domiciliario con tobillera electrónica marca un nuevo capítulo en este caso de alto perfil, que continúa generando debate y controversia en la sociedad argentina.