La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Agotadas las instancias en la justicia nacional, la defensa de Cristina Kirchner ha desplegado una estrategia en organismos internacionales para denunciar lo que consideran una proscripción por parte de la Corte Suprema de Justicia argentina, tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad. El abogado Gregorio Dalbón presentó un escrito ante la Corte Penal Internacional en La Haya denunciando la persecución política, judicial y mediática contra la exmandataria. También se planea una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Dalbón detalló las presuntas irregularidades de las 12 causas penales iniciadas en contra de la expresidenta, describiéndolas como una "persecución por motivos políticos" destinada a anular su capacidad de representación. Esta estrategia internacional busca poner de manifiesto las siguientes cuestiones:
- Falta de imparcialidad judicial: Vínculos entre jueces y actores opositores.
- Acusaciones de lawfare: Persecución judicial y mediática.
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.
El origen de la Causa Vialidad
La denominada Causa Vialidad tuvo su origen en una denuncia presentada en 2008 por Elisa Carrió contra Néstor Kirchner y funcionarios de su gobierno por presunta asociación ilícita y malversación de fondos públicos. La denuncia se basó en un análisis de artículos periodísticos, publicaciones en el Boletín Oficial e informes de la Auditoría General de la Nación (AGN) y de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Según Facundo Del Gaiso, la investigación inicial fue un trabajo artesanal que consistía en analizar licitaciones del Plan Federal de Vivienda y de Vialidad, identificar los pliegos y analizar la constitución de las empresas ganadoras. La causa, que inicialmente no tenía a Cristina Kirchner como principal acusada, culminó con su condena, generando controversia y marcando la agenda política argentina.