Un militante fue detenido por su participación en el ataque al edificio de TN y eltrece, según informó la Policía de la Ciudad. Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 34 años, fue encontrado tomando cerveza en una esquina cercana al canal que había sido vandalizado. La detención se produjo a pocas cuadras de la residencia de Cristina Fernández de Kirchner, en un contexto marcado por el fallo adverso de la Corte Suprema en la causa Vialidad.
Grasso Rivaldi se encontraba en la intersección de Carlos Calvo y San José, en el barrio de Monserrat, conversando con otros militantes tras los destrozos ocasionados en el edificio de Artear, ubicado en Lima y San Juan. Un grupo de aproximadamente 70 personas irrumpió en el lugar, causando daños en el hall y otras áreas de las instalaciones de TN y eltrece.
Las cámaras de seguridad captaron el momento de la detención, mostrando a Grasso Rivaldi resistiéndose a los agentes, quienes utilizaron escudos para contenerlo. A pesar de su resistencia, el militante fue finalmente aprehendido. Según fuentes policiales, Grasso Rivaldi sería militante de La Cámpora, al igual que otros tres agresores ya identificados.
El detenido, vecino de Villa Ballester, es empleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Su aprehensión se produjo tras ser identificado a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), gracias a sus características físicas y la vestimenta que llevaba puesta durante el ataque.
La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Florencia Pagilanitti, ordenó la detención del imputado. El incidente ocurrió horas después de que la Corte Suprema confirmara la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó diversas reacciones y movilizaciones.
La causa Vialidad y el contexto político
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
- Falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores).
- Acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática).
- Violación del principio de “non bis in idem”.
- Ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández.
- Desigualdad en el tratamiento de la prueba.
- Celeridad inusual del proceso.
- Desproporcionalidad de las penas impuestas.
- Exposición mediática parcial y anticipada del caso.