La controversia rodea al jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tras admitir haber difundido información no certificada. La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, evitó valorar directamente la declaración de Rodríguez en el Supremo, enfocándose en cambio en la situación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "Uno se sentará en el banquillo de los acusados el próximo 3 de noviembre y el otro es solo un testigo", declaró Ezcurra, refiriéndose a García Ortiz y Rodríguez, respectivamente.
¿Mentir no es delito? La postura del PP
Ante la pregunta sobre la admisión de Rodríguez de haber "mentido" al hacer una deducción sin certificación, Ezcurra argumentó que el Tribunal Supremo tiene conocimiento completo del procedimiento judicial. Fuentes del PP, en privado, fueron más directas: "Mentir no es ilegal". Esta afirmación surge en el contexto de la filtración de las declaraciones de Rodríguez y García Ortiz, que el PP atribuye a "Moncloa y su entorno".
El origen de la polémica: el caso de la pareja de Ayuso
La controversia se origina en la información que Rodríguez compartió sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. Rodríguez admitió ante el juez que su información sobre un supuesto pacto ofrecido y luego retirado por el fiscal del caso era una deducción, no un hecho certificado. El PP, sin embargo, insiste en que, a pesar de ello, no existe delito.
Este argumento contrasta con la postura habitual del PP, que suele criticar duramente al gobierno de Pedro Sánchez por supuestas falsedades. La defensa de Rodríguez por parte del PP se basa en la distinción entre mentir en el ámbito público, que consideran no ilegal, y mentir bajo juramento ante un juez, que sí constituye un delito de falso testimonio.
Implicaciones políticas y legales
La situación plantea interrogantes sobre la ética y la responsabilidad de los funcionarios públicos en la difusión de información. Si bien el PP argumenta que "mentir no es ilegal", la controversia podría tener implicaciones en la imagen pública de Miguel Ángel Rodríguez y del propio Partido Popular. El caso sigue generando debate y se espera que continúe desarrollándose en las próximas semanas.
- ¿Es ético que un jefe de Gabinete difunda información no verificada?
- ¿Cómo afecta esta controversia a la credibilidad del PP?
- ¿Podría tener consecuencias legales para Miguel Ángel Rodríguez?