La decisión del gobierno de Javier Milei de reducir drásticamente los fondos destinados a la recuperación de Bahía Blanca tras las inundaciones ha generado un fuerte repudio. La CGT Regional Bahía Blanca emitió un duro comunicado, denunciando el recorte del 50% de los 200 mil millones de pesos inicialmente prometidos para obras y asistencia tras el desastre natural del 7 de marzo.
Según los gremialistas, a medio año del desastre, las partidas para infraestructura, beneficios impositivos y ayudas a comerciantes y empresas aún no han llegado. La CGT criticó duramente la medida, señalando la contradicción entre el discurso oficial y las acciones concretas.
Álvaro Díaz, presidente del bloque Fuerza Patria en el Concejo Deliberante de Bahía Blanca, denunció que el gobierno nacional destina sumas exorbitantes al pago de intereses de la deuda, superando ampliamente la ayuda necesaria para la reconstrucción de la ciudad. Díaz señaló que solo en julio se pagaron 17 billones de pesos en intereses de deuda pública, equivalentes a 113 veces la ayuda requerida por Bahía Blanca.
El Concejo Deliberante aprobó, con el voto en contra de La Libertad Avanza, un expediente que reclama al Congreso la puesta en marcha de la Ley 27.790 para la reconstrucción de Bahía Blanca. La polémica se intensifica ante la percepción de que el gobierno prioriza el pago de la deuda por encima de las necesidades urgentes de la ciudad.
¿Castigo político o ajuste económico?
La reducción de fondos ha sido interpretada por algunos sectores como un castigo político hacia Bahía Blanca, a pesar de que Javier Milei ganó las elecciones en este distrito. Sin embargo, desde el gobierno se argumenta que la medida responde a la necesidad de ajustar el gasto público y reducir el déficit fiscal.
Reclamos y movilizaciones
La situación en Bahía Blanca ha generado un clima de malestar y movilización social. Diversas organizaciones sociales y políticas han convocado a protestas y reclamos para exigir al gobierno nacional que revierta la decisión y cumpla con los compromisos asumidos.
- Exigencia de cumplimiento de la Ley 27.790
- Reclamo de fondos para la reconstrucción de infraestructura
- Apoyo a comerciantes y empresas afectadas por las inundaciones