La saga judicial por la expropiación de YPF en 2012 suma un nuevo capítulo. La jueza de Nueva York, Loretta Preska, ha vuelto a fallar contra Argentina, exigiendo la presentación de una lista exhaustiva de todos los bienes del país en el extranjero. Esta decisión se produce tras el fallo que obliga al país a pagar US$ 16.100 millones a fondos especulativos que reclaman por la estatización de la petrolera.
El gobierno argentino había solicitado diferenciar entre bienes “comerciales” y “estratégicos” (como los de Defensa), limitando el acceso a la información solo a activos potencialmente embargables. Sin embargo, la jueza Preska rechazó este pedido, insistiendo en la necesidad de conocer la totalidad de los activos argentinos para luego determinar cuáles son susceptibles de embargo y cuáles quedarían exentos.
Esta exigencia se enmarca dentro del “discovery”, una herramienta legal estadounidense que permite solicitar información para localizar activos que podrían ser embargados. La Procuración General del Tesoro había citado jurisprudencia relevante, argumentando que solo se puede ordenar el discovery de activos potencialmente embargables, y que solicitudes irrestrictas contradicen ese criterio. Sin embargo, la jueza no aceptó este argumento.
¿Qué sigue en el caso YPF?
Ahora, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York deberá decidir si mantiene la suspensión de la orden que obliga a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF. El tribunal tiene varias opciones: mantener la suspensión, levantarla o exigir al país que presente algún tipo de garantía económica mientras avanzan las apelaciones.
En octubre de 2023, cuando Argentina apeló el fallo que establecía la indemnización, no depositó ninguna garantía para evitar embargos. La jueza Preska otorgó tiempo adicional, justificando la asunción de un nuevo gobierno en diciembre. Sin embargo, más de un año y medio después, la jueza ha señalado que “la República aprovechó al máximo el tiempo extra, pero no hizo ningún esfuerzo por satisfacer el juicio”.
Este caso continúa generando incertidumbre sobre el futuro de YPF y la economía argentina, con implicaciones potencialmente significativas para las finanzas públicas del país. La defensa argentina, mientras tanto, busca estrategias para limitar el alcance de la información requerida y evitar un posible embargo de activos estratégicos.