El Gobernador de Illinois, JB Pritzker, emitió un contundente comunicado en respuesta a los informes que sugieren que el Presidente Trump está considerando el despliegue de militares en el estado. La declaración, publicada el sábado 23 de agosto de 2025, deja clara la postura del gobierno estatal ante esta posibilidad.
"El Estado de Illinois, en este momento, no ha recibido ninguna solicitud ni acercamiento del gobierno federal preguntando si necesitamos asistencia, y no hemos realizado ninguna solicitud de intervención federal", afirmó Pritzker.
El gobernador enfatizó que la seguridad de los habitantes de Illinois es su máxima prioridad y que no existe ninguna emergencia que justifique la federalización de la Guardia Nacional de Illinois, el despliegue de la Guardia Nacional de otros estados o el envío de militares en servicio activo dentro de sus fronteras.
Pritzker acusó a Donald Trump de intentar fabricar una crisis, politizar a los estadounidenses que sirven en uniforme y continuar abusando de su poder para distraer la atención del dolor que está causando a las familias trabajadoras.
"Continuaremos cumpliendo con la ley, defendiendo la soberanía de nuestro estado y protegiendo al pueblo de Illinois", concluyó el gobernador.
Implicaciones de un posible despliegue militar
La potencial movilización de fuerzas militares federales en Illinois ha generado preocupación y debate. Aunque el comunicado del gobernador Pritzker niega la necesidad de tal intervención, la mera posibilidad plantea interrogantes sobre la relación entre el gobierno federal y los estados, así como sobre el papel de las fuerzas armadas en asuntos internos.
Posibles escenarios y consecuencias
- Aumento de la tensión política entre el gobierno estatal y el federal.
- Preocupación pública sobre la militarización de la policía y la erosión de las libertades civiles.
- Impacto en la confianza de la comunidad en las instituciones gubernamentales.
El gobierno de Illinois se mantiene firme en su postura de rechazo a la intervención federal y reafirma su compromiso de proteger a sus ciudadanos dentro del marco legal y respetando la soberanía estatal.